jueves, 11 de septiembre de 2014

Las exigencias de la Generalitat Valenciana para privatizar Cacsa retraen a los aspirantes

A. MOHORTE.  Sólo dos de los aspirantes, Parques Reunidos y Aguas de Valencia han visitado la instalación para presentarse al concurso

VALENCIA. La Generalitat ha pecado de "garantista". Esa es la impresión de buena parte de los interesados en la adjudicación por concurso público del'Oceanogràfic y el Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciencies de Valencia (Cacsa), ofertadas en un paquete único.

El estudio de las condiciones impuestas por la Generalitat para esta adjudicación ha retraído a buena parte de las empresas inicialmente interesadas. De hecho, desde la apertura del proceso sólo dos aspirantes se han acercado a las instalaciones para cumplir con el trámite de 'pisar' el complejo entero, ya que también incluye la programación del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y de l'Hemisfèric.

Las dos que lo han hecho han sido Parques Reunidos, que ya explota l'Oceanogràfic desde hace 11 años (los diez de la primera adjudicación más un año de prórroga) y la candidatura encabezada por Aguas de Valencia.

LAS TRABAS PARA LA ADJUDICACIÓN

Aunque el plazo para solicitar la visita de complejo está abierta hasta octubre, lo cierto es que la publicación de las condiciones ha enfriado el ánimo de otros candidatos que han preferido seguir estudiando la forma de encajar las demandas públicas con sus expectativas de negocio o no han vuelto a dar señales de vida.

Los puntos más polémicos son siete:

#1 El pliego se define como de un contrato de "riesgo y ventura" por 15 años para el adjudicatario con cánones variables garantizados sin revisión posible. Este hecho hace que sean interpretados los planteamientos como comprometedores y no como incentivadores de la actividad.

#2 Los objetivos han de fijarse con anterioridad para todo ese periodo, un plazo muy largo e inusual para este tipo de contratos, además de estar sujeto a muchas incertidumbres.

#3 La adjudicación incluye además una fiscalización por parte de la Generalitat casi diaria, lo que dificulta actuar con la agilidad e independencia que requieren este tipo de instalaciones cuando se asumen riesgos de esta envergadura con la inversión que lleva asociada, según fuentes conocedoras del proceso.

#4 El desequilibrio de las condiciones que se establecen entre quien adjudica y el adjudicatario es otro de los puntos sensibles, al establecerse "derechos y obligaciones" para el gestor, mientras que para Cacsa se asume "derechos y prerrogativas", según el propio pliego.

#5 Las condiciones penalizan la inversión del adjudicatario, ya que no se puntúan ni se priman, al tener que restarse del margen de beneficio. Aunque se establece una inversión obligatoria de 3,3 millones de euros y unas inversiones facultativas de 7 millones, el problema surge ante el hecho de que la mayor inversión resta ingresos a la Generalitat, por lo que cualquier previsión en ese sentido resta puntos al aspirante que quiera realizarlas.

#6 La parte económica se valora sobre 60 puntos, mientras que el plan director sobre 40. Esta segunda parte se basa en una valoración subjetiva, pero distintas fuentes echan en falta apartados muy relevantes a la hora de definirla.

#7 El pliego no da ningún punto al plan de mantenimiento del complejo, pero sí penalizaciones por parte de Cacsa en aspectos referidos en su mayoría al mantenimiento, lo que se interpreta como incoherente.

EL RIESGO DE UNA VUELTA ATRÁS

Algunos adjudicatarios defienden que las motivaciones del Consell para imponer estas exigencias vienen de una manera de entender la salvaguarda de los intereses públicos "excesivamente celosa". Sin embargo, no descartan que un posible incumplimiento de las demandas obligue a replantearlas sobre la marcha, como ya se hizo con la gestión privada del Hospital de la Ribera en 2003.

En aquella ocasión, la Generalitat anuló la adjudicación a Adeslas, Lubasa, Dragados Bancaja y CAM, les concedió una indemnización por lucro cesante de 25 millones de euros (criticada por la Sindicatura de Comptes) y, acto seguido, volvió a adjudicar la gestión a las mismas empresas con un incremento del 68% de la aportación pública para favorecer la explotación.

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