VÍCTOR ROMERO VALENCIA El pliego de condiciones del concurso para la privatización de la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias permitirá a los aspirantes introducir mejoras en sus ofertas para incrementar su catálogo de puntos. Una de las actuaciones que recibirá una valoración extra por parte de la mesa de contratación es la promesa de rematar las obras del Ágora, especialmente la colocación de las lamas de la cubierta. Estas piezas están ahora en estado de semiabandono en una de las parcelas anexas por la discrepancias que surgieron entre el arquitecto Santiago Calatrava y la UTE responsable de su construcción (Lubasa, Cyes y Rover Alcisa) sobre la curvatura de las lamas.
Ninguna de las partes ha querido hacerse cargo de la corrección de las piezas metálicas y el Ágora lleva muchos trimestres funcionando sin el remate que figuraba en el proyecto original. La obra de este edificio ya está entregada y Cacsa ha dado por finalizada la relación contractual con Calatrava por lo que si algún operador acepta acabar el trabajo no tendrá que encargar al arquitecto con domicilio y sede fiscal en Suiza la dirección facultativa.
No será esta la única mejora que puntuará Cacsa. El canon de entrada o aportación de liquidez por parte del nuevo operador anunciada por el conseller de Economía, Máximo Buch, será también voluntaria. El pliego contempla puntuarla como mejora dentro del capítulo económico y no como una condición obligatoria. Lo que si deberá abonar forzosamente el nuevo gestor es un canon fijo anual y otro variable que se computará en función de resultados y del nivel de facturación en restauración y venta de "merchadising". La intención de la Generalitat es que estas aportaciones sean suficientes para cubrir los gastos de la estructura administrativa y de personal que quedará tras la concesión y que ayuden a afrontar en la medida de lo posible los gastos financieros de la elevada deuda que arrastra la empresa pública.
Los pliegos también obligarán al concesionario a ejecutar determinadas inversiones durante los cinco primeros años de contrato (previsto para quince años prorrogables a otros cinco) destinadas a garantizar el buen funcionamiento de los distintos elementos una vez finalice la concesión.
Sea World se interesa
La licitación podría ponerse en marcha en el plazo de pocas semanas, una vez se reciban los informes jurídicos que validen su legalidad y se introduzcan las últimas cláusulas de control y supervisión por parte de la dirección de la empresa pública. Hasta la fecha han mostrado interés claro por el concurso el actual operador del Oceanogràfic, Parques Reunidos; el del Bioparc, Rain Forest Valencia, en posible UTE con Aspro Ocio; y Aguas de Valencia, que busca alianzas con algún operador internacional. A la pugna podría sumarse Sea World, el gestor del grupo Anheuser Busch, con varios parques zoológicos en Estados Unidos.
En cualquier caso, los aspirantes deberán acreditar su experiencia en organización y gestión de eventos o recintos audiovisuales, pero especialmente, en recintos de animales. El pliego fija como uno de los requisitos para optar al concurso contar con una reserva zoológica que sirva para reponer las bajas que se produzcan en el Oceanogràfic.
V. ROMERO VALENCIA El concurso para la privatización de la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias no termina de arrancar. Una de las razones es que el actual equipo de dirección, con Henar Molinero a la cabeza, está trabajando en la introducción en el pliego de condiciones de cláusulas que garanticen una amplia capacidad de control y supervisión de la empresa pública sobre la labor que desarrollo el futuro operador conjunto del Oceanogràfic, el Museo de las Ciencias, el Hemisfèric, y el Ágora. Molinero está siendo asesorada en esta tarea por la directora de Calidad de Cacsa, Elena Vallés, y por el responsable de Veterinaria de la empresa pública para el Oceanogràfic, Francisco Torner.
Los tres quieren introducir mayor capacidad de supervisión sobre el concesionario. Esto podría generar suspicacias entre los aspirantes que pueden ver en esas cláusulas un escollo para la flexibilidad y libertad en la toma de decisiones relativas a su labor de gestión. La posición de Molinero y su equipo está provocando cierto malestar en ámbitos de la Generalitat, que teme que los posibles operadores den un paso atrás si el pliego de condiciones no les convence.
Otro de los motivos del retraso en la licitación del concurso es que el Consell ha encargado nuevos informes jurídicos para garantizarse que no hay fallas en los pliegos que puedan provocar impugnaciones por parte de alguno de los aspirantes. La complejidad del proceso y la magnitud del contrato hace que el Ejecutivo de Alberto Fabra no quiera encontrarse con una posible nulidad de la contratación.
Por su parte el comité de empresa de Cacsa anunció ayer que llevará a cabo concentraciones ante la "ausencia de respuestas" sobre las condiciones laborales y sociales que deberían estar incluidas en el pliego de privatización de la entidad.
Así lo indicó la representación de los trabajadores en un comunicado en el que lamentó que, pasado un plazo "más que razonable" de 15 días, y tras un año de "reiteradas" preguntas, sigue sin respuestas ante su situación.
Al respecto, el comité añadió que durante una reunión el pasado 8 de octubre, el secretario autonómico de Turismo, Daniel Marco, se comprometió a ofrecerles una "respuesta clara" sobre las condiciones laborales y sociales que deberían estar incluidas en el pliego de privatización de la gestión de la empresa. El nuevo operador asumirá la plantilla de la empresa.
16.09.2013 | 00:30
Deterioro del revestimiento de la cáscara del Palau de les Arts.fernando bustamante
JOSÉ LUIS GARCÍA VALENCIA El complejo cultural y de entretenimiento de la Ciutat de las Arts i les Ciències es, según insiste el Consell, el monumento más visitado de España, por delante de la Alhambra, la Sagrada Familia y otros enclaves de aforo limitado. Sin embargo, 2012 no ha sido su mejor año para el emblema de la era popular.
Según se desprende de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2012, el pasado año entraron a las instalaciones del viejo cauce 2.851.644 personas. El Museo Príncipe Felipe fue el más visitado por delante de l'Hemisfèric y l'Oceanogràfic.
Sin embargo, no todos esos visitantes, nacionales y turistas extranjeros, dejaron dinero. De hecho, "solo" se vendieron 1.875.021 entradas, lo que da a entender que en torno a un millón de personas pasearon por las zonas de libre acceso del complejo o se beneficiaron de entradas de cortesía fruto de convenios con otras entidades. En cuanto a rentabilidad, l'Oceanogràfic continúa siendo la joya de la corona, ya que supone casi la mitad de entradas vendidas (47 %).
Con todo, los números de Cacsa ofrecen peor aspecto si se comparan con los del ejercicio anterior. En 2011, entraron en las instalaciones de la Ciutat de les Arts 3.724.176 personas, casi 900.000 más que 2012.
La caída de visitantes, lógicamente, ha arrastrado los ingresos a la baja. En total, el importe neto de la cifra de negocio ha caído de 38,6 a 28,9 millones de euros, con una reducción especialmente sensible en la venta de entradas. En este punto, se han pasado de unos ingresos de 26,4 millones en tickets en 2011 a los 22,1 de este año, 4,3 millones menos.
La empresa explica los malos resultados a partir de un contexto de grave crisis, con un 23 % de paro, y la subida de impuestos, al pasar el IVA de las entradas del Museo del 8 al 10% y las de l'Hemisfèric y l'Oceanogràfic del 8 al 21 %. En esta situación, se han vendido casi 620.000 entradas menos.
En general, no ha sido un buen año para Cacsa, que cerró 2012 con una pérdidas de 43,9 millones de euros, en vísperas del proceso de privatización que acaba de lanzar el Consell. Además, 2012 ha sido el año del ERE en el sector público, que también ha llegado a esta empresa. Los gastos de personal del pasado año fueron de 9,3 millones, por encima de los 8,8 de 2011. La empresa cifra en 1.173.000 euros el coste de las indemnizaciones de los 105 trabajadores afectados por el ERE.
Operarios realizando trabajos de mantenimiento en el Ágora.eduardo ripoll
VÍCTOR ROMERO VALENCIA El contrato para la privatización de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que la Generalitat prevé licitar en breve puede incorporar una sorpresa no esperaba hasta ahora por los aspirantes oficiosos. Cacsa baraja ahora incluir entre las obligaciones del adjudicatario las tareas de mantenimiento de los edificios y espacios del recinto que saldrán a concurso un único paquete: El Museo Príncipe Felipe, el Hemisfèric, el Oceanogràfic y el Ágora. De ser así significaría que el nuevo gestor tendría que hacer frente a una labor que representa un importante capítulo en los gastos de la sociedad pública.
La inclusión de los costes de mantenimiento no estaba contemplada inicialmente en el contrato, de forma que Cacsa debía seguir ejecutándolas. Sin embargo, los técnicos de Deloitte que elaboran el pliego bajo la supervisión de la directora de la empresa de la Generalitat, Henar Moliner, parecen haber cambiado de opinión.
La Generalitat pretende que la privatización de Cacsa le permita al menos no perder dinero con el complejo. Para ello pretende cobrar al consorcio adjudicatario un canon fijo y otro variable en función de resultados. El contrato podría licitarse este mes de septiembre, otorgando un plazo de presentación de ofertas más largo de lo habitual (entre cuatro y cinco meses) para que los aspirantes puedan estudiar con detenimiento las condiciones o buscar alianzas, toda vez que el gestor tendrá que explotar elementos muy distintos desde el punto de vista de la especialización de la actividad: desde un parque acuático de animales como el Oceanogràfic, pasando por la oferta audiovisual del Hemisfèric y hasta un recinto museístico.
La fusión de la obligación de realizar las tareas de mantenimiento a la de configurar una oferta atractiva de contenidos eleva la complejidad del contrato por lo que algunos aspirantes podrían echarse atrás.
Hasta ahora han mostrado interés claro por el contrato los actuales gestores del Oceanogràfic, Parques Reunidos, y los del Bioparc, Rain Forest Valencia. También se han interesado intermediarios de una compañía de ocio americana y otra de capital británico.
Mariano Valverde en un parque acuático. | JAIME VILLANUEVA.
Luis F. Durán | Madrid
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) detuvo ayer jueves por la mañana por una presunta estafa a Mariano Valverde, director del parque acuático Aquópolis de Villanueva de la Cañada. Se le acusa de haber gastado fraudulentamente 400.000 metros cúbicos de agua durante los últimos cinco años, por un importe aproximado de medio millón de euros.
Valverde habría tejido una red ilegal dentro de las instalaciones acuáticas haciendo creer que se abastecía de unos pozos subterráneos dependientes de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Sin embargo, según los investigadores del Seprona, lo que hacía era robar agua de las arterias del Canal de Isabel II para llenar esos pozos. Algunos de sus empleados han colaborado con la Guardia Civil en las pesquisas y también le han denunciado.
El detenido se enfrenta ahora a una multa de tres a 12 meses por defraudación de agua. Tras prestar declaración ante los agentes fue puesto a disposición del juzgado de Móstoles que le ha dejado en libertad sin medidas cautelares aunque le imputa un delito de estafa.
Asimismo, el Canal de Isabel II va a iniciar acciones legales para que la empresa abone el agua que ha ido tomando de forma clandestina de su red.
Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil, el caso salió a la luz después de que el Seprona recibiera a primeros de junio la denuncia de un vecino que advertía del presunto consumo fraudulento de agua del Canal que se estaba haciendo en Aquópolis, el mayor parque temático acuático de la Comunidad de Madrid y uno de los más grandes de toda Europa.
Cuando los agentes comenzaron la investigación se descubrió que Aquópolis tenía un contrato con el Canal que no registraba consumos desde 2008. Aquópolis alegó que se abastecía de unos pozos subterráneos de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Este organismo explicó que no tenía ningún contrato para que se extrajeran agua de sus pozos, un requisito obligatorio para cualquier entidad o particular que desee utilizar agua subterrránea. Ademas, si existiese esa concesión Aquópolis debería de pagar una cantidad a la Confederación que nunca se había abonado.
La empresa Parques Reunidos, responsable de Aquópolis- aseguró el pasado mes de julio que se había «cumplido la normativa» en materia de agua y que no han recibido ninguna denuncia relacionada con posibles consumos fraudulentos en este parque acuático.
A. CAPARRÓS / VALENCIA
ROBER SOLSONA
Imagen captada ayer en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
La Conselleria de Economía sacará a licitación en septiembre –previsiblemente durante la primera semana– el esperado concursopara la externalización de la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia. La elaboración de los pliegos acumula un retraso considerable. De hecho, la intención inicial de la Generalitat era que el operador pudiera haber entrado a regentar el recinto este mismo verano.
Finalmente, el propio titular de Economía, Máximo Buch, fijó para julio la licitación. Sin embargo, la complejidad que suponen los pliegos y la falta del visto bueno definitivo por parte de la Abogacía de la Generalitat han demorado los plazos.
No obstante, fuentes oficiales explicaron ayer a ABC que la documentación está ya ultimada, de tal forma que el concurso saldrá en septiembre, aunque todavía no se ha decidido oficialmente el canon que se cobrará al operador que se haga con la gestión del Oceanográfico, el Museo Príncipe Felipe, el Hemisférico y el Ágora, cuya concesión se licitará en un único lote.
Lo que está decidido es que el adjudicatario, que asumirá la gestión durante quince años, no soportará los costes de amortización de los intereses por el pago de la infraestructura, que seguirá pagando la Generalitat.
La idea del Consell pasa por aplicar un «canon razonable de inicio» para que las empresas interesadas –existe constancia de que al menos cinco grupos se han interesado por el concurso– entablen una puja al alza.
CACSA tiene unas pérdidas de cincuenta millones de euros anuales derivadas en gran medida de la devolución de los intereses de la deuda. El Consell persigue ahora que un gestor privado haga rentable el recinto con un resultado de explotación positivo. Hasta ahora, el único de los cinco negocios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias con números en negro es el Oceanográfico. Mientras, el Palau de les Arts quedará definitivamente exentos del concurso y mantendrá una estatus diferenciado.
Las mismas fuentes explicaron a este periódico que el pliego también contempla la obligación de que la empresa que resulte adjudicataria asuma la actual plantilla que trabaja para CACSA. Hace poco menos de un año, la empresa pública cerró un Expediente de Regulación de Empleo que se saldó treinta bajas voluntarias y un total de 140 trabajadores.
Esta redimensión de la plantilla fue uno de los requisitos indispensables marcados por los técnicos para que la externalización del recinto resultara viable para los operadores privados. El adjudicatario también deberá subrogarse todas las obligaciones contraídas con proveedores que estén todavía en vigor.
El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, ha explicado este lunes que tienen previsto tener el próximo mes de julio los pliegos de condiciones para sacar a concurso la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias(Cacsa). Asimismo, ha explicado que se externalizará todo el complejo excepto el Palau de les Arts y L'Umbracle, este último porque ya lo gestiona una empresa privada.
Buch ha realizado estas declaraciones en la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de las Corts Valencianes, donde ha comparecido a petición del PSPV y de EUPV para explicar los contratos con las empresas que explotan la gestión de determinados espacios de Cacsa y los planes de privatización futuros. El titular de Turismo, quien ha señalado que no se trata de privatización, sino de "colaboración público-privada o de concesión", ha destacado que las condiciones que tendrán que cumplir los gestores del complejo son que la externacionalización "no nos cueste dinero y que cumpla con la misión de atraer turistas y de servir de foco y eje cultural".
El conseller ha indicado que el modelo todavía no está "definido" y están estudiando si sacar a concurso Cacsa "en bloque", excepto el Palau de les Arts y L'Umbracle --éste último porque ya lo gestiona una empresa privada con quien hay un contrato hasta 2019--, o hacerlo "en trozos", y, al respecto, ha señalado que ambas opciones tienen "sus pros y sus contras". En esta línea, ha explicado que tienen que analizar bien las diferentes opciones porque el contrato puede ser "para diez o 15 años".
Así, ha destacado que si se saca por partes, la ventaja es que hay más empresas que pueden concurrir, pero "se pueden generar conflictos de interés difíciles de solucionar". Respecto a si se licita a un único gestor, la parte positiva es que "la promoción es más sencilla y más homogénea", pero "el inconveniente es que hay menos operadores capaces de hacerse cargo de un museo, un oceanográfico...".
El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha criticado que el Consell licitará Cacsa a sus "amigos", a lo que Buch ha respondido que "no hay amigos que sepan cuidar peces, los amigos son los 50 millones de visitantes que han venido a la Ciudad de las Artes y las Ciencias". El conseller ha detallado que no se optará por el operador que "ofrezca más dinero", sino por aquel que presente "un plan más atractivo para atraer turistas". "No queremos que sea un complejo elitista, sino popular, al que acuda cuanta más gente mejor", ha subrayado Buch, quien ha añadido que esperan que haya, al mismo, cinco operadores dispuestos a gestionar Cacsa.
Por su parte, los grupos de la oposición han criticado que el Consell "oculte" información" y han denunciado que la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha servido para el "saqueo" de dinero público al acoger las ediciones del Valencia Summit, organizadas por el Instituto Nóos que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Así, la diputada socialista Eva Martínez ha señalado que "Cacsa se ha utilizado para la celebración de los Valencia Summit, que se están investigando en los juzgados en el 'caso Nóos, porque Barberá y Camps así lo decidieron".
En esta línea, Martínez ha señalado que la alcaldesa y el exjefe del Consell "abrieron las puertas a una trama corrupta que se llevó el dinero de los valencianos y, prueba de eso es que el juezCastro ha iniciado un camino que no va a parar". Además, ha subrayado que "la trama Gürtel también se llevó dinero de Cacsa". Del mismo modo, el representante de Compromís, Enric Morera, ha criticado "el saqueo de fondos públicos para la realización del Valencia Summit".
El conseller Buch ha respondido que la Generalitat se ha personado en el 'caso Nóos' por la vía civil, y ha añadido que "las personas que están imputadas han sido cesada de sus cargos". La parlamentaria del PSPV ha pregunto a Buch por las parcelas M3, donde se iban a construir las conocidas como 'Torres de Calatrava'. El titular de Economía ha explicado que no se externalizarán porque en estas parcelas "no hay nada que explotar" y como "tampoco es un bueno momento para venderlas, de momento seguirán siendo propiedad de Cacsa".
ABC@ABC_CVALENCIANA / VALENCIA
